1993: Durante la administración del Gobernador Pete Wilson (1991-1999), las enmiendas a las Leyes de Reforma de la Compensación de 1989 incluyen limitaciones a la compensabilidad de las lesiones psiquiátricas y sanciones administrativas por una gestión deficiente de los reclamos. Se aconseja a los trabajadores lesionados cómo obtener prestaciones sin contar con un abogado. Los gastos de rehabilitación ocupacional están limitados a $16.000. También se crearon en los años 90 un Fondo Rotatorio de Compensación de los Trabajadores, que se financiará parcialmente con las cuotas de las aseguradoras y los empleadores auto asegurados, y una Comisión de Salud y Seguridad.
La legislación promulga una nueva ronda de reformas de la compensación a los trabajadores. Las leyes de tarifa mínima serán derogadas a partir de 1995. El nuevo plan de "clasificación abierta" desencadena un periodo de intensa competencia entre las aseguradoras privadas. Mientras nosotros mantenemos unas tarifas adecuadas, muchos operadores las recortan por debajo del coste. Miles de empleadores nos abandonan por operadores privados que ofrecen tarifas bajas e insostenibles.
1995: Kenneth C. Bollier sustituye a Jack Webb como Presidente.
En la "era de la tarifa mínima", que comenzó en 1915, el Estado estableció un límite mínimo al coste de las tarifas de compensación de los trabajadores. Las aseguradoras podrían aplicar tarifas iguales o superiores a las aprobadas por el Estado. Con la "clasificación abierta", que comienza en 1995, el Estado adopta tarifas de primas puras, que son de carácter consultivo. Las compañías aseguradores que cumplen con los estándares de solvencia del estado generalmente tienen la libertad de cobrar tarifas superiores o inferiores a las adoptadas por el estado.
1996: El Gobernador Pete Wilson encarga a una firma consultora actuarial que estudie la viabilidad de “privatizar” el State Fund. La comunidad empresarial denuncia rotundamente la privatización y el gobernador desestima la propuesta.
1999: Se aprueban proyectos de ley de reforma integral, pero son vetados por el gobernador.